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Entrevistas publicadas en la Revista Joc Privat

Revista Joc Privat número 259 / Octubre 2014

Director General

Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ)

«Es la Comunidad Autónoma la que decide cúando, cómo y qué ofrecer en el terminal presencial con oferta de juego online»

Cronológicamente es lo más reciente. ¿Qué valoración realiza de la reciente reunión del grupo de trabajo el 8 de octubre?

Es una valoración positiva. Habilitamos un espacio para la discusión y debate entre Comunidades Autónomas con una serie de ideas focalizadas en la máquina B y que han sido objeto de análisis en el seno de los grupos de trabajo sobre características técnicas y nuevas tecnologías. Igualmente al albur de la LGUM los representantes de las Comunidades Autónomas expusieron sus impresiones sobre el documento que a finales de julio les remitimos acerca de una propuesta de racionalización normativa y de unidad de mercado en el sector del Juego que abordaba diferentes ámbitos. Fue una reunión eminentemente técnica en la que estuve presente hasta el final y que se desarrolló en un clima óptimo.

Tras la reunión, ¿qué calendario se abre a partir de ahora?

HERNANDEZ Carlos 2

Serán enviados unos cuestionarios sobre las diferentes propuestas para que las comunidades autónomas los respondan. Conjuntamente evaluaremos cuáles son las más viables y adecuadas, y las conclusiones se elevarán como propuestas de racionalización normativa al Consejo de Políticas del Juego (CPsJ). Nuestra función es meramente como Secretaría Tércnica. Nos hemos limitado simplemente a apuntar una serie de variables a tratar para adecuar las normativas a la LGUM que, en cualquier caso, no puede olvidarse que es una ley plenamente en vigor.

¿Todas las conclusiones alcanzadas se elevarán al CPsJ?

No me atrevo a decir que sean todas, pero sí que se elevarán conclusiones, todas ellas relativas a los diferentes sectores del Juego Privado. En esta tarea no se trata de someter a votación las propuestas, ni buscar unanimidades. Estamos ante cuestiones eminentemente técnicas, más allá que diversas comunidades ya se hubieran expresado opuestas a la LGUM. Nuestra propuesta pretende superar las situaciones más contrarias al interés general existentes ahora. No me gusta aventurarme en previsiones apriorísticas sobre unanimidades o convergencias de criterio. Lo que no vamos a hacer es promover planteamientos que el conjunto de Comunidades Autónomas no crea que sea el momento de llevarlos a cabo. La Comunidad Autónoma tiene el legítimo derecho de decir que no está alineada, o bien todo lo contrario, sobre una determinada cuestión porque es la autoridad competente. Nuestra función, insisto como Secretaría Técnica, es ayudar en aquellos temas técnicos a mejorar los criterios de las comunidades autónomas.

El Ministerio de Economía cuenta con una ventanilla donde cualquier empresa que se sienta damnificada por incumplimientos de la LGUM, puede presentar una reclamación. El caso de las A en primavera evidenció esta fórmula cuando una empresa utilizó este recurso. ¿Es consciente de que, según el alcance de los acuerdos al albur de la LGUM, el asunto se puede convertir en un nido de litigiosidad permanente?

Hagan lo que hagan las Comunidades Autónomas, el particular puede acudir a las instancias identificadas en los términos de la LGUM. Así está previsto. El objetivo de una norma de estas características es minimizar las trabas administrativas allí donde el interés general lo exija. Todo ello no es óbice para que los mecanismos del ciudadano se activen, por supuesto.

Una de las propuestas incluida en el documento hacia la racionalización normativa y de unidad de mercado en el sector del Juego que ha despertado gran expectación se refiere a la fianza única. Más allá de una valoración sobre ello, que ya se argumentaba en el documento somertido a discusión, me gustaría pedirle una reflexión sobre el hecho de que Baleares haya vinculado la fianza de la empresa operadora al pago de los tributos de juego.

No quisiera pronunciarme sobre las razones que llevaron a la toma de esta decisión en Baleares. Con las salvedades de no conocerlo en profundidad, yo recordaría que en el caso de la ley estatal del Juego las fianzas ya se especifican por el cumplimiento del operador de los tributos del juego. No me parece desproporcionado. Si existe una garantía, se tiene que extender a la cobertura.

Igualmente le pido una reflexión acerca de la respuesta de Aitor Uriarte en Expojoc cuando se le preguntó qué pasaría si una empresa de apuestas licenciada en otra comunidad quisiera actuar en País Vasco, donde impera un régimen de concurso y con numerus clausus de licencias. En síntesis vino a decir que se le reconocería, pero que con las condiciones vigentes en la reglamentación actual, no podría operar.

Tampoco quisiera pronunciarme porque desconozco el contexto en el cual se hicieron estas declaraciones. Lo que plantea la LGUM es un reconocimiento efectivo para el desarrollo de esa actividad en destino. Quizás él se refirió a la diferencia entre licencia de actividad y licencia de instalación.

¿La DGOJ tiene cuantificado el volumen de residentes españoles que podrían estar jugando a slots online en portales punto com?

Resulta imposible cuantificar o determinar porcentajes concretos. Si lo hiciera, no sería un ejercicio de responsabilidad por mi parte. Hay indicios que permiten valorar cómo estaría evolucionando. A medida que hemos desarrollado una regulación, habría disminuido esa tendencia a dirigirse a las punto com. Hay referentes como el Indice Alexa, que nos transmite que se están obteniendo buenos resultados en la reconducción de la demanda real. Además, las inspecciones que realizamos directamente muestran indicios en esta dirección.

Hay una afirmación que ya se repite habitualmente, según la cual el 43 % del juego online en España seguiría ofertándose en webs ilegales.

Sinceramente creo que es una afirmación sin rigor técnico. Probablemente mucha gente no lo sepa, pero en España el jugador puede acceder a una punto com, pero ésta te redirecciona a la punto es... Sinceramente afirmaciones así no las veo rigurosas. En el estudio donde creo que se asentó esta cifra creo recordar que se citaban webs que ya estaban cerradas. Incluso se habían añadido páginas de juego social y de afiliación, que no serían páginas ilegales. Extraer conclusiones sobre este particular a partir de encuestas de percepción de jugadores... Hay que ir con mucho cuidado.

Me sorprendió que en la memoria explicativa de la regulación de las slots online se dijera que el «impacto en el Presencial no sería relevante».

En la memoria ya explicamos esta conclusión. Se ha alegado que puede incidir especialmente en la rentabilidad de la máquina B. De entre todos los estudios y análisis comparativos llevados a cabo, tal canibalización no nos parece advertirla que pueda suceder. Desde el año 2005 hasta ahora la evolución observada de este producto no nos permite concluir que se haya visto influida con la aparición del online. Hasta 2008, en que ya existía el online, el porcentaje de presencial siguió creciendo. Y a partir de 2008 descendió sin que pueda afirmarse que tuviera un impacto en un sentido u otro. En la Comunidad de Madrid, donde ya existen las slots online, se ha llegado a la misma conclusión. Y en aquellos países donde se han legalizado, lo mismo. Creo que podría generarse una sinergia favorable, muy similar a lo que ha sucedido con las apuestas presenciales, que se han visto beneficiadas con el online. En última instancia lógicamente será lo que las empresas quieran que sea.

¿La DGOJ apoyaría una propuesta de reducción fiscal del juego online en 2015?

Todas las medidas a adoptar por un Gobierno quedan sujetas al estudio y valoración sobre medidas que tengan fin de interés general, en este caso para la protección de colectivos vulnerables, de consumidores y usuarios... Todo se somete a examen. Cualquier medida queda condicionada a la política general. En estos momentos no estoy en condiciones de decir que vaya a pasar algo en un sentido u otro.

Un jugador tributa sus ganancias por IRPF sin un mínimo, mientras que el ganador de un premio de lotería lo hace a partir de 2.500 euros.

Los productos de lotería tienen una tributación distinta porque sus fines son distintos y se gestionan de manera diferente. La diferencia de tratamiento está plenamente justificada. En las loterías públicas los fines son sociales. En el online estamos refiriéndonos a una actividad liberalizada. No son asimilables los regímenes fiscales de ambos.

La Inspección de la Agencia Tributaria estaría enviando cartas a jugadores online reclamando ganancias no declaradas por operadores cuando en realidad su neto podría llegar a ser negativo.

Entiendo que se tratan de campañas propias emprendidas por la Agencia Tributaria.

En 2013 la DGOJ se marcó la estrategia de supervisar a los operadores habilitados abogando por una evaluación de la solvencia técnica de los sistemas técnicos de juego, informes de monitorización, medidas para la protección de fondos de los participantes, seguimiento semestral de saldos de depósitos... ¿Cuál sería el primer examen de los indicadores de los operadores punto es?

El balance es satisfactorio, pero yo no hablaría de etapas. Se trata de un ejercicio completo de supervisión, homologaciones de sistemas técnicos, etcétera. Son instrumentos de política general resultado de una actuación a lo largo de dos años que debemos inscribir como parte de la normalidad.

Cuando se establecieron las condiciones de los sistemas técnicos de juego que debían superar los operadores online para la homologación de sus licencias generales y singulares, el común denominador fue que las exigencias eran sobresalientes, superiores incluso a las de otras jurisdicciones.

La normativa es fruto del análisis previo de otras jurisdicciones. Desde esa perspectiva los requisitos responderían a esos parámetros. Estoy convencido que nuestro marco es un modelo asimilable por otros países. Eso no obsta que queramos seguir avanzando.

De todas formas, siguen escuchándose insinuaciones sobre la facilidad que para un menor de edad resulta registrarse en un portal de oferta online en España.

En absoluto comparto estas insinuaciones. Los sistemas de verificación y control de identidad que vienen realizando los operadores están funcionando de manera sobresaliente. No se han planteado denuncias en este sentido. La propia dinámica de control que se han impuesto en los resortes de control hace inviable la manipulación permanentemente por un menor de edad, incluso en el supuesto que se valiera de la documentación de un adulto. Carece de fundamento y, además, el fundamento nunca nos lo han facilitado.

El Parlamento Europeo trasladó a la Comisión un documento en el cual se advertía, entre otros asuntos, que las apuestas en vivo contenían un serio riesgo por «la vulnerabilidad ante el amaño de partidos».

El amaño de partidos y las apuestas en vivo se ligan en todo momento con las apuestas ilegales. Cuando se legaliza el juego en un país y se aplican unas normas estrictas de trazabilidad de las operaciones se minimizan sustancialmente los riesgos por no decir que se hacen prácticamente inviables. En las recomendaciones a los Estados de la UE a cargo de la Comisión Europea no se aludió explícitamente sobre esta circunstancia. En su momento fue una reflexión del Parlamento Europeo. En el tema de las apuestas en vivo básicamente se trata de saber si el operador es legal o no. Cuando el operador carece de trazabilidad, los riesgos aumentan considerablemente.

No se le escapa la polémica despertada por los terminales físicos con oferta de producto online. Se ha reclamado la eliminación de la ley estatal del Juego. En el artículo 10.1 de la orden de slots online se ha adicionado una consideración. ¿Creen que clarifica definitivamente el tema?

Creo que contribuye a aclarar algo que el sector expuso erróneamente durante el período de alegaciones. Estamos hablando de un tema que figura en la ley estatal del Juego. Ya estaba perfectamente claro que la homologación de los terminales correspondía a la DGOJ y la decisión última de instalarlos a las Comunidades Autónomas. Es la Comunidad Autónoma la que decide cuándo, cómo y qué ofrecer en el terminal. Se alegó mucho, creo que erróneamente, que se estaba procurando una competencia con las máquinas B en hostelería. Ante esta controversia entendimos que no habría problema en añadir este apartado en el artículo 10.1. Esta es la razón de la adición.

¿Ha tenido llamadas reconociendo el valor de esta adición al 10.1?

Algunos lo han hecho, otros no.

Las empresas del Presencial, ¿pueden estar tranquilas y con garantías frente a la tentación de tablets, smartphones y terminales físicos?

Será lo que quieran las Comunidades Autónomas. Tienen competencia exclusiva. Que alguien acuda a un establecimiento de hostelería con una tablet y con ella acceda vía on line a juego forma parte de su libertad individual. Diferente es que ese producto online pudiera ser comercializado por un tercero en el establecimiento con un terminal autorizado. Para que eso pudiera ser viable deberá cumplir con lo que las Administraciones autonómicas dispongan.

Tengo la sensación que esa idea surgida recientemente en la esfera del juego online guarda grandes similitudes con el conflicto surgido en torno al año 2000 con los cibercafés. También hubo mucha polémica al respecto.

En efecto. Si alguien en un cibercafé decide entrar en una web de juego está haciendo uso de su derecho. Distinto es que ese cibercafé enfoque su actividad económica sobre ese supuesto. Si lo hiciera, tendría que ligarlo con su licencia de actividad. Estos son los límites.

En JP valoramos especialmente la reciente resolución de la DGOJ que ha corroborado la separación definitiva ente regulador (DGOJ) y operador (SELAE).

La separación entre regulador y operador tiene muchas manifestaciones. En el caso que me plantea la desestimación obedecía a razones de legalidad. Es una separación que se reconoce en la ley estatal.

¿Qué balance realiza de las primeras reuniones del Consejo Asesor de Juego Responsable?

Mejor percepción de lo que seguramente se ve desde fuera. Es un consejo asesor que pretende definir la mejor estrategia de juego responsable. Sentar alrededor de una mesa a diferentes facciones de una misma materia para que todos puedan expresar sus inquietudes y nos comenten sus ideas. Creo que sus trabajos están siendo beneficiosos. Sus sesiones nos están sirviendo para pensar, racionalizar medidas. Seguramente el error radica en esperar del mismo acciones concretas. Eso está fuera de lugar porque quien toma las decisiones es la DGOJ.

¿Hay calendario para implementar el portal www.jugarbien.es?

Cuanto antes. Los plazos no siempre dependen de uno. Nos agradaría que fuera antes de final de año. Ya veremos.

Finalmente se ha optado por el Estudio de Prevalencia.

Es cierto que han habido posiciones que se han expresado contrarios a esta idea. Creemos que tiene que ser un estudio con una continuidad en el tiempo. Esencialmente para que puedan implementarse políticas de juego responsable a cargo del regulador estatal y para servir a asociaciones y otros colectivos. Un buen Estudio de Prevalencia es útil. Nos permite valorar aciertos y desaciertos. No puede ser un tema estático. Estamos preparados para lanzarlo cuanto antes.

¿Qué razones han prevalecido para vincular el juego en estudios como ETUDES o EDADES?¿Por qué mezclar juego con drogas y alcohol?

No estoy de acuerdo que estemos mezclando juego con drogas. EDADES y ETUDES son desarrollados dentro del Plan Nacional contra la Droga. Sus estudios tienen repercusión en los años y se caracterizan porque incluyen cada vez más elementos de juego en los estudios de percepciones de menores. Nos parece muy bien que se haga así. La creación de la Comisión Nacional de Drogodependencias pretende ofrecer una visión general al Ministerio de Sanidad sobre todo tipo de adicciones. Insisto, y no sólo sobre el juego, sino también sobre las nuevas tecnologías. No queremos que se limite a un estudio de prevalencia; queremos avanzar en variables que aborden cuestiones más sociológicas. Distinguimos la detección, la definición del problema y la prevención. La decisión de colaborar con el Plan Nacional contra la Droga significará la introducción de un módulo en las encuestas que aborde el juego. Colaboramos en la definición de las cuestiones, colaboramos en el módulo de juego con el fin de obtener las mejores sinergias.

La DGOJ ya se ha pronunciado a favor de priorizar el proyecto de decreto sobre comunicaciones comerciales y juego responsable.

En efecto, el proyecto de decreto es prioritario. Esperamos que se concrete pronto, siempre en esta legislatura. Entendemos que ayudará a clarificar.

¿Qué elementos debe contener ese reglamento?

Habrá que definir el ámbito de aplicación recogiendo aspectos relativos, entre otros, a protección del menor, definición del procedimiento sancionador o cómo ejecutar la publicidad.

¿Autocontrol debe seguir siendo instrumento de referencia?

La coregulación nos la impone la ley. Un sistema como el de Autocontrol nos propone mecanismos más ágiles y, como consecuencia de ello, respuestas más rápidas. La reglamentación no pretende sustituir el sistema, sino apoyarlo porque se ha demostrado ser una garantía.

¿La DGOJ se cuestiona los bonos-bienvenida?

Es un tema objeto de mucha reflexión y seguimiento. Nuestro problema no es realmente con los bonos-bienvenida, sino con aquéllos que no dan lo que dicen que son. Lo que pretendemos es que esta fórmula sea verdaderamente veraz.

Precisamente la publicidad se está demostrando un tema muy difícil de franquear para el juego offline. La normalidad del online contrasta con las limitaciones al offline. ¿Debería abordarse a propósito de la LGUM?

Si la comunidad autónoma respectiva entiende que responde a sus intereses generales, bienvenido sea.

Aparentemente Cantabria valoraría utilizar con efecto supletorio la referencia estatal en materia de publicidad sobre el Juego en su ámbito autonómico.

Suscribo lo anterior.

Por último, ¿qué acciones pueden ser emprendidas para mejorar el contenido de la Memoria Oficial del Juego?

Coincidimos con la afirmación en su revista de que la Memoria tiene que ser un instrumento de referencia del sector. Muchos de los datos del volcado dependen de la información recibida. Llegamos lo lejos que nos dejan llegar. Queremos protocolizar y mejorar en un próximo documento. Y conseguir una mejora continua. Ese es nuestro objetivo. 

Revista Joc Privat número 259 / Octubre 2014

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