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Jesús Maeztu Gregorio de Tejada. Defensor del pueblo andaluz

Que un inscrito en el Registro de Interdicciones entre reiteradamente en un casino de juego a lo largo de un año le induce a cuestionar las medidas vigentes en Andalucía.

La familia del afectado puso una reclamación en noviembre de 2015 ante la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga.

Que reiteró nuevamente ocho meses después y en mayo de 2017, "pese a lo que seguía sin obtener respuesta directa, motivada y franca por quien se atribuye las potestades públicas de control y sanción", señala el Defensor del Pueblo Andaluz.

Esta institución de la Junta considera que las respuestas de la Administración autonómica ante las reclamaciones familiares "apenas han despertado una reiterada, inefectiva y recíproca inhibición entre la Dirección General de Patrimonio y los Servicios de Juego y Espectáculos de la Delegación del Gobierno de Málaga".

Más allá del caso que aborda, el Defensor del Pueblo pide que "se auditen los sistemas de información, gestión y acceso que ofrece el Registro de Control de Interdicciones de Acceso a los Establecimientos de Juegos y Apuestas de Andalucía para asegurar su correcto funcionamiento y aplicabilidad".

En 2016 en Andalucía habían registrados 11.353 personas que tienen impedido el acceso a casinos, 15.159 a bingos y 4.483 a salas de bingo.

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