Generalitat Valenciana

Las sensaciones que transmite el anteproyecto de ley del Juego confirman una percepción de falta de normalidad en la consideración de la actividad de las empresas operadoras levantinas a cargo del regulador.

La mayoría de asociaciones empresariales del Juego Privado en Comunidad Valenciana recibieron oficialmente el lunes 24 de julio el texto en sus respectivas sedes por lo que la cuenta de quince días para la presentación de alegaciones comenzó a contar justo ayer martes 25 de julio.

Es prematuro y sería injusto adelantar posicionamientos empresariales, máxime cuando el documento es todavía muy reciente, pero una lectura somera del texto 'colgado' en la web oficial de la Generalitat desde la pasada semana sí ha permitido extraer sensaciones y percepciones que dimanan directamente de su redactado. Y más allá de cómo incide en cada uno de los sectores, lo cierto es que el denominador común en la encuesta realizada por JP noticias es de "preocupación" y "decepción", precisamente por la razón que transmitíamos en nuestra edición del pasado lunes: la Generalitat no trasciende en este anteproyecto una filosofía de normalidad en la actividad de las empresas, más aún cuando la práctica totalidad del tejido empresarial levantino trasciende una madurez incuestionable.

La impresión generalizada es que las ideas de la Administración valenciana se mueven en parámetros de restricción, endurecimiento de las reglas y de las formas en muy diversos ámbitos, y claramente posicionada hacia una mayor fiscalidad de las diferentes actividades del Juego. La condición reglamentista que transmite el anteproyecto es otra valoración común en el sondeo realizado al entender que se pautan numerosos aspectos más propios de disposiciones vía decreto u orden que de una norma marco.

Dos paradigmas que concitan estas interpretaciones se aprecian en el régimen sancionador y en la atribución de capacidad jurídica a las políticas de juego responsable, cuyo alcance no tendría referentes objetivos en otras jurisdicciones, incluso internacionales.

En la primera quincena de agosto finalizará el plazo de presentación de alegaciones y con ello la puesta en marcha del proceso legislativo, cuya tramitación a estas alturas es toda una incógnita sobre si la Generalitat quisiera activarla en Las Cortes por la vía de urgencia.

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